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En la Legislatura, se sancionó la normativa que propone un nuevo esquema de mantenimiento para los caminos rurales de todo el territorio provincial. Se trata de un Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados que articula esfuerzos entre productores, consorcios, entidades y el Estado para mejorar la red secundaria y terciaria.
En la sesión realizada este miércoles, encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto, los legisladores provinciales dieron luz verde al proyecto de ley que establece el Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados; normativa que viene a reemplazar la histórica Ley N° 6.233 y representa un verdadero cambio de paradigma en la manera de concebir, conservar y mejorar los caminos rurales.
El proyecto fue impulsado por el Ejecutivo provincial, a pedido de los Consorcios Camineros y las entidades agropecuarias de la provincia, dando cumplimiento al pedido realizado por el sector al gobernador Martín Llaryora, cuando era candidato.
En el proceso tuvieron voz y protagonismo la Asociación de Consorcios Camineros, las entidades que integran la Comisión de Enlace, las regionales y consorcios camineros, legisladores de diferentes bloques políticos, asesores jurídicos y técnicos entre otros, quienes aportaron su experiencia para fortalecer la propuesta.
El objetivo es conservar, proteger y mejorar los caminos rurales, a través de una articulación público-privada con foco en potenciar el desarrollo del interior provincial.
Con la incorporación de la nueva ley, se busca elaborar proyectos de obras para conservar y mejorar los caminos rurales no pavimentados, desarrollar planes estratégicos de gestión de recursos para optimizar obras e incentivar la inversión.
El texto contempla que el Ministerio de Bioagroindustria es la autoridad de aplicación de la ley. Además, la Asociación de Consorcios Camineros, los Consorcios Regionales, los Consorcios Camineros, los Consorcios de Gestión de Caminos y Suelos, y el Consorcio Caminero Único integran el sistema de gestión.
El financiamiento del nuevo esquema es a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que recibe el 98% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural. También comprende ingresos por obras realizadas, aportes, subsidios, donaciones, recursos extraordinarios y las multas por daños en los caminos, que se destinarán al FDA. Específicamente, se aplicará el modelo que ya se viene desarrollando con el Consorcio Caminero Único y el Fondo de Desarrollo Agropecuario.
En ese sentido, destacó que la ley pone al camino rural en el centro de la política pública y reconoce el rol estratégico para el desarrollo agropecuario, industrial, turístico y social.
