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Se buscará determinar si incumplió su deber de observar buena conducta en sus funciones. El magistrado fue condenado el año pasado por el TOF N°2 de Córdoba por los delitos de tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas.
El proceso se llevó a cabo en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Buenos Aires.
En este caso, se le aplica la figura de “violación al deber de observar buena conducta”, lo que acreditaría su falta de idoneidad para seguir siendo fiscal federal. Los hechos que se le atribuyen son dos: el pedido de $ 2,5 millones a directivos de la Cooperativa Las Cañitas, de la localidad de El Tío, para frenar una posible investigación federal; y la obtención de US$ 17.100 bajo la promesa de incidir en una causa judicial provincial, por la que un joven estaba detenido por delitos de instancia privada.
Según se determinó en el juicio que culminó el 26 de abril del año pasado en el Tribunal Oral Federal Dos de Córdoba, en el primer caso no logró su cometido porque las víctimas denunciaron a tiempo y llevaron pruebas de la solicitud de dinero a través del empleado de la fiscalía también condenado, Darío Fabián Rivarola. En el segundo caso, sí llegó a cobrar parte de los dólares, pero lo justificó en un supuesto “asesoramiento” al padre del detenido.
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