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La iniciativa había recibido media sanción en la Cámara Baja en 2020 y fue impulsada por la senadora por Córdoba Federal, Alejandra Vigo.
Dicha ley exige a las obras sociales, prepagas y prestadores de salud, proveer programas para la atención de la violencia de género para garantizar que la atención integral de las víctimas se realice con los parámetros y las indicaciones adecuadas.
La iniciativa incluye las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente.
“Quiero dedicar especialmente esta ley a las mujeres que a veces no tienen voz para gritar lo que padecen ni espacios para ser escuchadas. Les aseguro que será un arma para que todas las mujeres ejerzan el principal de los derechos humanos: el derecho a una vida sin violencia”, agregó.
Hasta el momento, la asistencia integral de los tratamientos para las víctimas de violencia de género está incluida en solo dos obras sociales: la Obra Social del Sindicato de Amas de Casa (Ossacra) que preside la propia Vigo, y el Apross, la obra social de la provincia de Córdoba.
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