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Los presos tenían montado un call center, que involucran a unas 30 personas, entre detenidos y otros. Según informó la Policía Federal, que las investigaciones comenzaron en mayo del 2020, cuando por medio de llamados telefónicos diferentes reclusos se hacían pasar como integrantes de una empresa de cobro mediante Posnet o Lapos, solicitando en forma diaria la devolución del crédito por las ventas producidas a diferentes estaciones de servicio de la firma YPF.
La investigación demostró que utilizaban tarjetas del Plan Alimentar que pertenecían a dos mujeres oriundas de la ciudad de Córdoba y que los llamados provenían desde el interior de la cárcel de de San Francisco, donde ya otras instancias judiciales de Córdoba, Santa Fe, Salta y Buenos Aires habían ordenado allanamientos y detenciones por estafas telefónicas.
La fuerza expresó en un comunicado “los internos que realizaban las estafas telefónicas desde la cárcel contaban con la colaboración de cómplices afuera, es decir, personas que prestan sus cuentas bancarias (llamados presta nombres) donde se depositaba lo recaudado a través de las estafas, lo que era distribuido entre familiares o allegados vinculados a la organización.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella, con instrucción de la la Secretaría N° 5 a cargo de Maximiliano Callizo, ordenó un total de 27 allanamientos en las provincias de Córdoba y Santa Fe, incluidos los pabellones 2, 4, 6 y 7 de la Unidad Penitenciaria Nº 7 de San Francisco.
Según detalló la PFA, en la cárcel local se detuvo a 13 mujeres, seis hombres y otros 12 reclusos quedaron involucrados en la causa. Además secuestraron dos revólveres calibre 22 y 32 respectivamente, dos automóviles, tres motovehiculos, varias tarjetas de crédito y débito, 680.000 pesos.
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