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La Justicia tomó declaración a Mónica Mabel Ucero, subdirectora de auditorías ambientales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y a Norma Inés Orellano, integrante del directorio de Nesaglo, donde investigan la intoxicación de 21 personas que ocuparon el predio de esa firma abandonada.
La audiencia se realizó el pasado miércoles en la ciudad de Rafaela en el Juzgado Federal a cargo del Dr. Reynaldo Rodríguez.
Ambas debieron presentarse en sede judicial tras un pedido que realizó el fiscal federal de Rafaela, Gustavo Onel, que abrió una investigación, en enero de este año, cuando cuatro menores fueron internados en el Hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe por tener en sangre altos niveles de plomo. Inclusive causó la muerte de una niña, identificada como Xiomara Crespín.
Durante la audiencia, Ucero fue imputada de haber permitido, por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, la contaminación con plomo en las instalaciones del predio donde funcionó la fábrica de baterías ubicada en Tucumán y Larrea, de Ceres.
Según la hipótesis de la Fiscalía, la funcionaria ejercía el cargo de Directora General de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe y no intimó a la empresa que se dedicaba a la fabricación de baterías, cuando cerró en el 2017, a continuar fiscalizando suelos y aguas subterráneas por el término que la autoridad de aplicación estime necesario; la descontaminación de los equipos e implementos no contenidos dentro de la celda o celdas de disposición.
El último control que hubo de parte del Estado sobre la empresa, data del 16 de diciembre del 2013. Tras ser indagada, la mujer prestó declaración y aclaró que nunca fue directora general de Desarrollo Sustentable y además que el control de las empresas, como Nesaglo, le correspondía a la Dirección General de Gestión Ambiental. Ucero destacó que la empresa nunca comunicó que había cerrado sus puertas, pese a que estaba obligada, según establece la norma provincial.
Orellano, la otra imputada de haber contaminado con plomo, por impericia en el propio arte o profesión, el agua, el suelo, elementos vegetales y otros elementos sólidos del predio, ya que formó parte del directorio que administró la empresa que fabricaba baterías. Señaló que en el 2016, la empresa tuvo problemas financieros con la Afip por lo que un año después, en enero del 2017, ella recibió un telegrama de despido, pero tras la intervención de un sindicato y del Ministerio de Trabajo, la entidad trató de mantener los puestos mediante la conformación de una cooperativa. Por eso fue inscripta como integrante del directorio de Nesaglo SA, aunque aclaró que jamás participó de ningún encuentro ejecutivo. Y al no prosperar el proyecto renunció.
El caso de la niña de 2 años, fallecida, XIOMARA y tres niños más que fueron internados con alta cantidad de plomo en su cuerpo o toxicidad y se salvaron fueron el determinante de la actuación de oficio de la justicia.
Según el peritaje que realizó personal de delitos ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) recolectando una serie de muestras (líquidos o sólidos) del predio de Nesaglo, estableció que la intoxicación no fue mayormente por el consumo de agua sino por la “inhalación y contacto físico” en el ambiente. “La contaminación por el aire no tiene un alcance determinado, sino que está influenciado por factores climáticos como: lluvias, velocidad y dirección de los vientos; también la circulación de vehículos o personas. En este mismo sentido, al respirar el supuesto aire contaminado, se estaría introduciendo plomo al organismo”, detalló la pericia incorporada la a causa.
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